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Los dilemas de carbono de México

Por Adam Kotin y Guy Edwards

Los ojos del mundo se vuelcan ansiosamente hacia el restort de Cancún en las costas de México donde se están llevando a cabo las negociaciones sobre cambio climático COP16. Los dueños de casa se preparan para brillar. Con uno de los planes de desarrollo bajo carbono más impresionantes entre los países en desarrollo y varios proyectos de mitigación a gran escala ya en camino, el país ofrece un necesitado ejemplo de cómo poner el carbón donde pones tus palabras.

Pero incluso con la mejor planificación, el México enfrenta una creciente montaña de obstáculos, incluyendo una falta de inversión, una arquitectura legal y regulatoria arcaica además de alborotados grupos sociales, molestos con las aspiraciones del gobierno de imponerles una agenda de bajo carbono.  Para colmo, críticos temen que la Conferencia de Cancún no logre interesar a los líderes mundiales quienes aún recuerdan Copenhague y cuya confianza en el sistema de las Naciones Unidas ha disminuido.

Ciertamente existe la posibilidad de que los ambiciosos y progresistas planes de México no logren plataforma internacional que desean y que los hoteles más grandiosos de Cancún puedan evitar tener que sacarle el polvo a todas las alfombras rojas.

Siguiendo la conversación

A pesar de no estar obligado a reducir sus emisiones bajo Kioto, México asumió una  ambiciosa meta de reducción de emisiones en forma voluntaria -50% menos para el año 2050 usando el año 2002 como línea de base. El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012  propone acciones específicas para descarbonizar la economía cuyos resultados ya serían visibles para el año 2020.

Estas acciones incluyen desde la generación de energía hidroeléctrica y proyectos de construcción  verdes hasta la protección de bosques y el uso de cocinas a madera de eficiencia energética. Sin embargo, existe la posibilidad de que ninguna de estas medidas vea la luz en el futuro cercano.

Problemas capitales

El año pasado el Banco Mundial publicó un Estudio sobre la Disminución de Emisiones de Carbono en México (MEDEC), que examina las opciones de implementación con miras a desarrollar la economía de bajo carbono en México para el año 2030. El reporte estima que se necesitarán US$3 billones anuales de nuevas inversiones para lograr las reducciones que se buscan sin que se deje de lado la agenda de crecimiento económico.

En un contexto done los fondos gubernamentales son insuficientes, la comunidad financiera internacional se ha mostrado lo suficientemente confiada para seguir invirtiendo en el futuro de bajo carbono de México, aún cuando el país presenta serios problemas de inestabilidad.

La planta estatal de petróleo Pemex ha sufrido una terrible ola de mala suerte: le explotó una refinería, fue saboteada por un cartel del drogas y además padece de una deuda crónica.

Pero eso no ha paralizado sus planes de construir una planta para cogenerar 300 MW en Tabasco con una inyección de capitalde US$180 millones de subsidiarias de la española Abengoa y GE Energy Financial Services. Plantas de cogeneración reciclan residuos fósiles del proceso de refinamiento para producir calor y energía produciendo electricidad a menor costo y con un menor impacto ambiental.

Hay un potencial de cogeneración de 3,700 MW en las instalaciones existentes en Pemex que podrían proveer más del 6 por ciento de la capacidad energética instalada de México, pero las actuales políticas públicas limitan las acciones de la compañía fuera del ámbito de la producción de petróleo. MEDEC sugiere que la cogeneración no será realidad sin una presión significativa y constante por parte de inversionistas privados.

Energizando al sector privado

La producción de energía renovable independiente es limitada por las políticas dominantes. Leyes, regulaciones –incluso la Constitución mexicana- han tradicionalmente favorecido a proveedores estatales. Sin embargo, las restricciones se están relajando lentamente.

Sin embargo el gobierno se muestra cauteloso en someter a Pemex a la competencia del sector privado, ya que sus ganancias constituyen más de 1/3 del presupuesto federal.

Compañías privadas tiene un importante rol en el mercado de renovables, metiéndose justo ahí donde el gobierno no se ha atrevido. La generación de energía eólica en Oaxaca se proyecta en seis veces para el año 2014 si se ejecutan los proyectos en cartera, alcanzando una producción de 3,000 MW. El potencial total del país se estima en 40,000 MW permitiendo extensas oportunidades para desarrollas más capacidad.

Pero hasta el momento solo el 20% de esos proyectos son auspiciados por el gobierno. Esto ha incentivado a compañías extranjeras a tomar parte en el mercado de energía eólica dejando a los proveedores domésticos con menos inversión capital.

En términos generales, políticas e incentivos se están orientando a favor de un mercado de energía eólica mayoritariamente privado y el gobierno aparenta estar satisfecho con este prospecto. Esto bien podría convertirse en la tendencia para todo el sector de energía renovable, con la empresa privada desarrollando una nueva infraestructura de bajo carbono mientras el gobierno se aferra a los vestigios de su legado de petróleo y gas.

Obstáculos sociales

Los proyectos de bajo carbono también cuentan con sus detractores. Residentes de Oaxaca cerca de donde se planifica una granja de molinos de viento alegan que fueron embaucados para dejar sus tierras sin compensación adecuada.

Este mismo año en México se generó un alboroto en Ciudad de México en respuesta a planes de construir un tranvía y una autopista que las autoridades presentaron como una forma de reducir tráfico y emisiones.

Estas disputas dejan en evidencia algo que se reconoce poco, que es que el crecimiento de bajo carbono de México será un proceso intrusivo y polémico que involucrará expropiaciones de tierras y la creación de destructivas represas entre otras medidas.

La mayoría concuerda de que la forma de abordar la mitigación de arriba hacia las bases y movida por dinero está, a pesar de los obstáculos, empujando lentamente a México en dirección reducir sus emisiones. Un nuevo proyecto de ley actualmente en desarrollo podría incluso derivar en mayores capitales para ambiciosos proyectos de gobierno que, al menos teóricamente, tendrían un mayor grado de insumos y participación local. Esto pudiera ser el camino más obvio hacia menores emisiones, y algunos se preguntan si acaso no sería en único.

Por eso es inspirador ver a un grupo de comunicades locales en Oaxaca participando en el mercado de carbono con un programa local de reforestación. Con la asistencia de la  Comisión Nacional de Silvicultura, este mecanismo ha creado empleos y reforestado tierras agrícolas agotadas desde el año 2004.

El gobierno ve gran potencial en estos programas.  Ha invitado a los participantes de COP16 a compensar las emisiones relacionadas con su participación en la conferencia contribuyendo al proyecto y a través de eso propulsa el trabajo de 590 familias indígenas en la conciencia de la comunidad internacional del clima.

El Programa Especial de Cambio Climático de México es precisamente el tipo de esfuerzo que podría darle a COP16 el optimismo necesario. El gobierno no ha escondido su deseo de restaurar la confianza en el proceso de la conferencia y sus acciones podrían darle a la comunidad internacional el empujón que falta.

El país también apunta a un resultado exitoso ya que su propia meta como país depende de que haya in incremento masivo en financiamiento y apoyo tecnológico por parte de países desarrollados.

México sueña en grande. Su registro de acciones es impresionante y sus planes ambiciosos. Todavía está por verse qué tan rápida, efectiva y equitativamente podrá el país reducir sus emisiones pero sólo una cosa es segura – aún después de que los delegados hayan partido de Cancún,  México será el país a tener en la mira en términos de desarrollo de bajo carbono.

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