¿Queda lugar para la Amazonia?

julio 3, 2012

Más de 600 grandes obras de energía, minería, transporte y comunicaciones están previstas en la amazonia continental. Tienen inversiones millonarias y preocupa su real utilidad, así como la fragilidad en los procesos de consulta, salvaguardas, e impactos. Los beneficios y la redistribución para poblaciones locales son insignificantes, y no consideran los derechos de pueblos indígenas.

Un estudio rápido contabilizo 620 grandes obras de infraestructura en la Amazonia continental, a la que los especialistas llaman Pan-amazonia. El trabajo, realizado por la Red Amazónica de Información Socio-ambiental Georreferenciada (RAISG), incluye obras ejecutadas, en ejecución, y planeadas.

Casi todas las obras tienen gigantescos financiamientos disponibles. Por ejemplo, el proyecto IIRSA, sigla de “Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica”, tiene 90.000 millones de dólares. Están previstos para corredores de transporte, que atravesarían Sudamérica de norte a sur y de este a oeste. Los corredores integrarían modalidad vial, férrea, fluvial, y marítima en 10 ejes. Al menos 4 de ellos afectarían directamente la Pan-amazonia, según información del capítulo boliviano de la red Articulación Regional Amazónica (ARA).

Otro ejemplo es la minería del oro y cobre, que invertiría 4.020 millones de dólares en la amazonia ecuatoriana. Son fondos de origen canadiense y chino, que se invertirían hasta el 2016. En la misma región hay 75 proyectos hidroeléctricos, con una capacidad de casi 13.000 MW. En este caso, los capitales son del gobierno del Ecuador y de China, indicó ARA Ecuador.

En la amazonia peruana, se invertiría hasta 16,5 mil millones de dólares en proyectos hidroeléctricos. Su potencia conjunta llegaría a los 7.200 MW, muy por encima del consumo actual del país (4.200 MW). El financiamiento provendría del Brasil y allí también se destinaría la energía. Las hidroeléctricas pasarían al Estado peruano después de 30 años, cuando se haya agotado su vida útil, hizo conocer DAR, invitada por ARA Perú.

En general, preocupa la real utilidad de las obras para cada país. En Bolivia, la hidro-eléctrica “Cachuela Esperanza” aparentemente tendría la función de acumular alta sedimentación. Así agotaría rápidamente su vida útil, prolongando la de otras 3, dos de ellas brasileñas (San Antonio y Jirau) y la tercera binacional. Los problemas ambientales y sociales de la inundación provocada por la sedimentación quedarían en Bolivia. La energía que producirían las tres con vida prolongada iría a Brasil, comunicó ARA Bolivia.

En general se observa fragilidad en los procesos de consulta, así como en las salvaguardas e impactos, tanto ambientales como sociales. Por varias razones, se duda que haya habido suficientes estudios de impacto ambiental. Entre otras, porque no existe acceso transparente a la información.

Las empresas constructoras y funcionarios gubernamentales obstaculizan el acceso a la información, complicando trámites o con cualquier dilación, coincidieron los participantes. DAR ejemplificó el caso del Estado peruano, que fue obligado por orden judicial a entregar información de una hidro-eléctrica, después de agotar todos los recursos de solicitud.

Los antecedentes muestran que los beneficios y la redistribución para la población local son insignificantes. El producto interno por persona de la Amazonia ecuatoriana apenas creció el 0,7%. Sin embargo, es la mayor productora de petróleo, que representa más de la mitad de las exportaciones del país, notificó ARA Ecuador. En el Perú, las poblaciones aledañas a Camisea no disponen de energía, a pesar de generar gas para exportación, agregó DAR.

Las grandes obras de infraestructura generalmente no consideran los derechos de pueblos indígenas a la consulta previa, libre, e informada. Uno de los ejemplos más citados fue el TIPNIS de Bolivia. El Banco Nacional de Desarrollo del Brasil firmó el proyecto sin consultar previamente a los indígenas afectados. La reacción fue una marcha que logró una ley de intangibilidad para su territorio. Ahora están marchando nuevamente para hacer cumplir esa ley, explicó ARA Bolivia.

De todas maneras, ya se induce al futuro, con dos tramos de carretera en construcción por ambos extremos. Unirlos solo será cuestión de tiempo: habrá que esperar que se debilite la presión indígena y aumente la presión por nuevas tierras cultivables.

Múltiples infracciones ambientales se detectan en la ejecución de ese tipo de obras, como lo demuestran los resultados de un proyecto en Bolivia. Este crea indicadores con la población local a partir de sus propios saberes, y luego realiza recorridos o Supervisión Ambiental Complementaria, en la construcción. Posteriormente genera informes técnicos locales, que reciben el rechazo de las autoridades cuando son presentados, expresó ARA Bolivia.

Se han realizado algunos ejercicios de proyección, con resultados alarmantes. La Amazonia peruana desaparecería si se ejecutan los proyectos planificados. Pero también muchos de ellos, porque se bloquearían o anularían mutuamente, advirtió DAR. Otro ejercicio, realizado por RAISG, colocó digitalmente las obras de infraestructura previstas sobre un mapa del continente. Al final, no quedaba espacio para la Pan-amazonia.

Varias redes de países amazónicos se reunieron en Rio+20, para compartir información y sumar capacidades, en el análisis de escenarios y preparación de estrategias. Entre todas, suman varios centenares de instituciones. Las dos organizadoras, Articulación Regional Amazónica – ARA y Fórum Amazonia Sustentable, suman más de 300 organizaciones. El teatro del Planetario de Gávea acogió el encuentro, con el auspicio de la Prefectura de la Ciudad de Rio de Janeiro.