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Débil integración de políticas sobre cambio climático en los planes de desarrollo de América Latina

Se evidencia una debilísima articulación entre las políticas públicas sobre cambio climático y el resto de políticas sectoriales en América Latina, dijo Manuel Rodríguez-Becerra, ex Ministro de Ambiente de Colombia, uno de los comentaristas del evento paralelo que organizó la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL), en la conferencia  de Río+20, el pasado 22 de junio.

En este evento, fueron presentados los resultados preliminares de una investigación realizada en 10 países de América Latina sobre el estado y la calidad de las políticas públicas sobre cambio climático y desarrollo Este esfuerzo inédito en el continente que lleva adelante la PCL, con el auspicio de Oak Foundation y la Fundación AVINA, procura identificar las principales acciones e iniciativas gubernamentales sobre cambio climático y desarrollo existentes en cada país, la calidad de esas políticas, su nivel de implementación y ejecución, las capacidades y recursos de los organismos responsables de llevarlas adelante, así como el nivel y características del apoyo político y social existente alrededor de estas agendas y acciones de gobierno.

El Coordinador Técnico del Informe Regional, Daniel Ryan, citó ejemplos derivados de los informes nacionales para cada aspecto analizado, lo que demostró la riqueza de la información levantada por los 10 equipos de investigación de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y El Salvador.

El Profesor Eduardo Viola, de la Universidad de Brasilia, subrayó que “…una cosa es el plan [las políticas públicas] y otra es la realidad…”, poniendo como referencia los conflictos que eventualmente debe enfrentar Brasil al momento de asignar recursos presupuestarios, por ejemplo, a Petrobras o a los complejos energéticos de etanol,  eólico o nuclear; que es cuando se ve la realidad de las políticas públicas. Viola manifestó que “Venezuela, Ecuador y Bolivia son totalmente esquizofrénicos” refiriéndose a los discursos ambientalistas versus el fomento de actividades extractivas en esos países.

“Uno puede entender la política no solo viendo las políticas públicas expresas sino el conjunto de políticas sectoriales. A veces es más interesante mirar lo que no está escrito”, manifestó Rodríguez-Becerra. Las prioridades del gobierno se reflejan en las políticas tributarias, crediticias y macroeconómicas en general, señaló, que propician una determinada tendencia. Los responsables de las políticas y los tomadores de decisiones no están interesados sino en consolidar la política extractivista, puntualizó.

Además, el informe identifica patrones respecto de la situación de estas políticas y genera recomendaciones a nivel de cada país, y eventualmente en términos regionales, para fortalecer la agenda climática doméstica.

El primer informe, que se realizará cada 2 años, tiene su enfoque en las políticas públicas sobre cambio climático relacionadas con el sector agropecuario y bosques (AFOLU: Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo). Este enfoque inicial fue establecido por la importancia del sector agropecuario y forestal en la economía de los países Latinoamericanos; por la matriz de emisiones de la región (agropecuario y cambios de uso del suelo [deforestación] producen el 63% de las emisiones de GEI de la región); y, porque los estudios en general tienden a focalizarse en el sector energético.

El Informe final estará disponible a mediados de agosto en este blog junto con los 10 informes nacionales de base, cada uno de los cuales constituye un producto en sí.

 

 

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