Cómplices del malestar: crecimiento urbano y cambio climático

agosto 14, 2012

Para 2050 la Ciudad de México tendrá 50% más habitantes. De acuerdo a Jorge Legorreta, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la megalópolis concentrará hacia mediados de siglo 38 millones de habitantes, más de 13 millones de lo que se tiene actualmente, abarcando 4 mil 500 kilómetros cuadrados donde se tendrán las necesidades de agua, drenaje y transporte.

Legorreta señala que la expansión de la población generará mayor presión sobre los bosques, zonas agrícolas y todas las áreas de reserva ecológica que son fundamentales para la urbe. Un ejemplo de la presión que se tiene actualmente en la Ciudad de México es en el tema del agua, el cual ya representa una amenaza por la falta de disponibilidad en varias zonas.

A la par, alrededor del mundo se ha reconocido que el cambio climático es una de las amenazas más graves a las que se enfrenta la humanidad y que es necesario darle atención inmediata para evitar un aumento de la temperatura de más de 2º centígrados, momento en que la vida en el planeta, incluyendo la humana, estará gravemente amenazada.

Uniendo ambos temas, grandes convenciones internacionales, y la recientes reuniones de G20 y Río+20, retoman dentro de sus declaraciones la importancia de generar acuerdos para dar atención a las causas que han incrementado el problema climático, promoviendo, entre otras cosas, el desarrollo de ciudades sustentables, debido a que el incremento irregular de la mancha urbana alrededor del mundo es una de las principales causas del deterioro ambiental.

Actualmente en México, alrededor del 78% de la población vive en zonas urbanas, según un estudio del Inegi de 2012. Esto se debe, principalmente, a la migración de población rural, que por falta de apoyo a las actividades del campo, han visto en esto una solución para buscar empleos y mejores condiciones de vida. Pese a lo anterior, las zonas urbanas ya no tienen suficiente capacidad de albergue y representan zonas de alto costo para gran parte de la población, por lo que los migrantes se ven en la necesidad de asentarse en las periferias o en lugares remotos, sin respetar las zonas de conservación, donde no hay reglas de construcción y no se cuenta con un plan de desarrollo que garantice el acceso a la energía, al agua y a los servicios básicos de manera adecuada. A lo anterior se suma el riesgo que tienen esas zonas ante deslaves, inundaciones, incendios y otros altercados asociados a la ubicación de los mismos.

Por otro lado, el aumento de la población en las zonas urbanas y en sus periferias, también trae consigo demanda de infraestructura y combustibles para vehículos tanto públicos como privados, mayor consumo de electricidad para casas y oficinas -muchas veces irregular, pues en estos asentamientos utilizan “diablitos” para acceder a la energía-, aumento en el cambio de uso de suelo de zonas verdes y de conservación por zonas habitacionales, entre otras transformaciones que afectan el entorno tanto urbano como el natural.

De esta manera incrementa el número de viajes y la distancia que las personas deben recorrer para llegar desde donde viven hasta donde trabajan, lo que incrementa el gasto de energía y tiempo: 2.5 horas diarias dura el viaje promedio en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En general, la mala gestión de los asentamientos humanos y la escaza planeación urbana se enlistan como problemas graves ante el cambio climático. Por un lado, el aumento de la población urbana en el mundo, que de acuerdo al Banco Mundial será del 60% para el 2050, podría significar un 100% de habitantes urbanos en el caso de México, y cuya demanda energética y de transporte podría duplicarse, siendo estas las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Por otro lado, muchos asentamientos humanos, y en particular los irregulares, son altamente vulnerables a los efectos derivados del cambio climático, por ubicarse en zonas de alta peligrosidad amenazadas por lluvias, deslaves, y otros problemas como sismos, que ponen en riesgo a la población.

Para hacer frente a esto se han propuesto una serie de medidas, como la Ley de Asentamientos Humanos, aún en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados. Esta serviría para regular este crecimiento acelerado, tomando como puntos de partida la coordinación intra-gubernamental, pues este problema es un asunto que compete a diversos niveles de gobierno y a diversos sectores, como gobernación, desarrollo social, economía, hacienda, medio ambiente y por supuesto, a los encargados del transporte público y del desarrollo urbano.

Es fundamental reconocer que no se trata de un tema exclusivamente de los gobiernos locales -aunque son ellos los que deben asumir un rol central en el tema-, sino que se trata de una colaboración en diversos niveles. La federación es corresponsable, pues las limitadas políticas en sectores como el agrícola, están empujando a las poblaciones a migrar hacia las urbes. Por ello, debe haber fondos complementarios de la federación para atender esta problemática y motivar la construcción y desarrollo de ciudades sustentables, que regulen los asentamientos humanos, incitando al desarrollo de ciudades compactas, que promuevan sistemas de transporte eficientes y multimodales, privilegiando la movilidad no motorizada, que inciten a la recuperación de las áreas verdes y de los espacios públicos, respetando los derechos humanos e incluyendo la perspectiva de género como eje transversal para promover una mejor calidad de vida. Pero sobre todo es necesario respetar y promover los esquemas de participación social para asegurar acciones efectivas, de largo plazo y de gran alcance.

Este artículo fue publicado originalmente aquí.