Pese a que cada vez es mayor la importancia que tienen los componentes climático y medioambiental a la hora de activar los desplazamientos humanos, es importante reconocer también que en la actualidad es de la interacción de una serie de factores sociales, económicos, políticos pero también medioambientales desde donde mejor podemos comprender los movimientos migratorios en la actualidad.

En este sentido, podemos llegar a comprender que la existencia de unos sistemas sociales, económicos y políticos cohesionados y solidarios, podrán hacer mejor frente a los impactos del clima y mejorar la capacidad de resiliencia y adaptación de las comunidades evitando hasta cierto punto su desplazamiento. Y su opuesto, ya que un aumento en los desplazamientos en busca de mejores hábitats en los que asegurar unos niveles mínimos de subsistencia podrá observarse conforme las comunidades sufran de mayor escasez de recursos, mayores desigualdades sociales y en general se vuelvan más vulnerables al clima.

Traducidas estas realidades al ámbito de la defensa y la ejecución de los Derechos, de los Derechos Humanos, podemos encontrar como la incidencia negativa del cambio climático sobre los medios de vida de las personas, las economías o las propias estructuras políticas, puede llevar a que los Estados, sobre todo en los países más vulnerables al cambio medioambiental, se vean cada vez imposibilitados a la hora de cumplir con su obligación positiva de proteger la vida y los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, la identificación de futuras masas de “refugiados medioambientales”, no se ha traducido en una movilización por parte de la comunidad internacional en defensa de esos Derechos. Y es que el reconocimiento de una nueva tipología de refugiados podría imponer unas obligaciones demasiado excesivas para los países desarrollados, ya fuera en términos de apoyo y protección, ya fuera en términos económicos. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia de la ONU cuyo mandato reside en proporcionar protección internacional a los refugiados, no reconoce legalmente el término “refugiado medioambiental” ya que puede crear confusión y socavar el régimen legal internacional para la protección de los Refugiados según la Convención de Ginebra de 1951.

Viene a bien recordar en este sentido lo expresado por la Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático celebrada en Cochabamba, Bolivia en 2010:

“Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:

…Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países…”

A la espera de nuevos marcos de reconocimiento y protección ya fueran dentro o fuera de la Convención de Ginebra o en base al reconocimiento de una deuda climática, la aproximación al problema desde la perspectiva de los Derechos Humanos se hace más que necesaria desde todo organismo y autoridad nacional e internacional.

Porque frente a los desplazamientos humanos por causas climáticas debe existir la necesidad de establecer unos estándares de trato mínimo basado en los Derechos Humanos, a los que tienen derecho todos los individuos ya fuera en su Estado de origen o de acogida y en donde esté excluido cualquier trato inhumano o degradante. Y del mismo modo, enfrentando los impactos del clima, y bajo el amparo de los Derechos Humanos los individuos pueden reclamar protección en un tercer Estado, basándose en el principio ampliado de “no devolución”, bajo el marco de “protección complementaria”.

Pero también el derecho a un nivel de vida adecuado y el mejoramiento continuo de las condiciones de vida, o el derecho a no ser privado de los medios de subsistencia están en entredicho bajo un clima cambiante. Estas carencias podrían llevar a las poblaciones a desplazarse y a ver quebrantada su capacidad para cazar, pescar, recolectar o vivir de la agricultura de subsistencia.

Las respuestas pasan por entender la migración como una práctica adaptativa, pero también potenciar la capacidad de respuesta in situ de las poblaciones. En ese sentido, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes ha afirmado que  “la migración puede ser en realidad una estrategia de adaptación importante”  pero que también es un derecho el  no emigrar, esto es, el derecho a permanecer en su lugar de origen, siendo la obligación de la comunidad internacional hacer todo lo posible para evitar que el/la posible migrante se vea obligado a abandonar su tierra.

Desde estas dos visiones, diferentes pero complementarias, se propone para terminar algunas respuestas prácticas desde una aproximación basada en Derechos:

Entendiendo y defendiendo que los desplazados por el cambio climático son también trabajadores, en muchos casos de baja cualificación y que necesitan protección. Porque un trato diferenciado entre trabajadores migrantes y locales menoscaba la base de las sociedades construidas en torno a la no discriminación y los derechos humanos. Y defendiendo su derecho al trabajo como medio de generar remesas hacia sus comunidades de origen que ayuden a hacer frente a los impactos del clima. El Marco multilateral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para las migraciones laborales, puede ser un referente en ese sentido.

Y desde la defensa y promoción de unos niveles básicos de protección social para los que permanecen, que ayuden a construir unas sociedades más cohesionadas y solidarias frente a los impactos del clima, lo que se traduce en tener acceso a transferencias y servicios sociales esenciales que puedan garantizar el acceso universal a servicios médicos esenciales, o apoyos que permitan una seguridad de ingresos o sustento. Iniciativas como los Pisos de Protección Social, que ya se desarrollan en muchos países que sufren tanto la degradación del medioambiente como profundas situaciones de desigualdad, pueden ser un ejemplo de estos mecanismos necesarios.

Pero esto no quiere decir que no haya oportunidades de obtener fondos para mitigación (reducción de gases de efecto invernadero) en los países latinoamericanos y otras regiones. También a partir de la COP18 en Doha en 2012 se ha abierto el registro de NAMAs donde estos países podrán encontrar apoyos financieros para sus proyectos.

Las NAMAs (Acciones de Mitigación Apropiadas al País, por sus siglas en inglés) son el resultado de veinte años de una discusión interminable en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entre algunos países desarrollados y varios en desarrollo, acerca de si estos últimos deben o no asumir compromisos de reducción de emisiones.

Desde el mismo momento en que se firmaba la CMNUCC en 1992, separando a los países “desarrollados” de los demás e inscribiéndolos en el Anexo 1 del texto aprobado, comenzó una batalla política –con su correlato científico- en torno al principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas ” y lo que esto significaba. En particular a partir del Protocolo de Kioto en 1997 (que entró en vigencia en 2005) donde se establecieron obligaciones específicas de reducción para los países del Anexo 1, aumentó la presión para que los países “emergentes” del mundo en desarrollo también tuvieran algún tipo de restricción a sus emisiones.

Estados Unidos (EE.UU.) lideró un grupo de países (entre los que se encontraban Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelandia) que bregó durante años por este objetivo. La negativa de los países en desarrollo a asumir compromisos de reducción de emisiones fue lo que finalmente llevó a EE.UU a no ratificar el Protocolo de Kioto y comenzar a minar la esperanza internacional en las negociaciones de las Naciones Unidas.

La Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto aprobada en diciembre de 2012 y que no fue firmada por cinco países clave (EE.UU., Canadá, Japón y Nueva Zelandia, a los que se agregó Rusia) es el último hito de aquella antigua y presente discusión.

Arranque en Copenhague

Las NAMAs, es el ambiguo resultado de esta batalla que trata de conciliar las exigencias de reducción de emisiones en los países en desarrollo, con la pretensión de estos de no asumir compromisos.

Si bien se venían debatiendo desde mucho antes, las NAMAs cristalizaron en la malograda COP15 de Copenhague en 2009 cuando la CMNUCC invitó a las Partes que no integraban la lista del Anexo 1, a presentar voluntariamente sus propuestas y objetivos de mitigación. En aquella oportunidad unos cuantos países de la región que incluyen Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú hicieron sus comunicaciones indicando cuales serían sus NAMAs y si requerían de apoyo financiero externo para todas o algunas de ellas.

Muchos otros países se opusieron frontalmente a esta invitación –en nuestra región claramente los países integrantes del ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela)- fundamentándose en varias razones entre las que sobresalían: su rechazo al “Acuerdo de Copenhague” y la falta de decisión acerca de un segundo período de compromiso en el marco del Protocolo de Kioto, condición previa para cualquier discusión sobre obligaciones para los países en desarrollo.

Además, en aquella oportunidad los países desarrollados habían expresado un compromiso de transferencia de fondos de 30 mil millones de dólares anuales hasta el año 2012 y 100 mil millones anuales hacia 2020, pero no se especificaban los mecanismos ni las fuentes, por lo que dejaba mucho margen de incertidumbre.

Aquellas NAMAs primigenias presentadas por los países en desarrollo quedaron en algún archivo de la CMNUCC, apenas como un indicativo del tipo de medidas y, en algunos casos, de los montos de inversión requeridos para su realización. También quedó claro que en la enorme mayoría de los casos, los países en desarrollo sólo implementarían estas medidas en caso de recibir el apoyo financiero externo comprometido por los países desarrollados en Copenhague.

Avance en la COP18 en Doha

Pero en la reunión de Doha el mecanismo NAMAs dio un nuevo paso. La CMNUCC inauguró una especie de “feria de proyectos” con un sistema de Registro para que, tanto para los países “donantes” como los países “anfitriones”, realicen sus ofertas. Por un lado, los países en desarrollo registran allí las medidas de mitigación que se proponen implementar y por otro lado, los países desarrollados exponen sus compromisos financieros.

Las NAMAs pueden ser registradas bajo 3 categorías: para reconocimiento de la comunidad internacional, solicitando apoyo para la preparación; y solicitando apoyo para la implementación Las primeras son aquellas acciones de mitigación que los países en desarrollo están dispuestos a implementar con recursos propios. Las segundas son aquellas acciones que se vislumbran con potencial para la reducción de emisiones  pero que requieren de un apoyo financiero para su estudio, diseño y formulación. Finalmente, las últimas, son aquellas acciones que ya están diseñadas por el país anfitrión, pero que para ser implementadas necesitan soporte económico externo.

Al momento de escribir este artículo, se han registrado ante la Convención 4 NAMAs para reconocimiento internacional, 6 NAMAs que requieren fondos para su preparación y 15 NAMAs que requieren fondos para su implementación. Chile, Serbia y Uruguay son los países que mayor cantidad de registros anotan. Sin embargo aún no hay ninguna oferta de fondos por parte de los países desarrollados.

Contrariamente a lo que ocurre en el entorno del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el nuevo marco de las NAMAs no ofrece definiciones sobre qué tipo de actividades son elegibles y carece de toda regulación sobre procedimientos. Son medidas no estandarizadas y hay un acuerdo generalizado en que así deben mantenerse. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a qué cosa puede ser catalogada como NAMA y bajo esta denominación pueden caer tanto proyectos muy específicos como políticas sectoriales, programas nacionales u otros.

Otra diferencia sustancial con el MDL es que la reducción de emisiones obtenida a través de las NAMAs no será transferida a los países desarrollados como forma de cumplir con sus propias metas de reducción. Es decir no generarían –en principio- créditos de reducción de emisiones comercializables. Digo “en principio” porque aún está en discusión la posibilidad de que las reducciones logradas por una NAMA que eventualmente excedan los objetivos planteados originalmente, puedan generar alguna forma de “crédito de carbono”. Pero esto no está resuelto aún y es motivo de amplio debate.

Expectativas

Evidentemente este mecanismo ofrece a los países en desarrollo una interesante ventana de fondos para poner en marcha planes, programas o proyectos que puedan contribuir a mejorar su performance ambiental, al menos en lo que a emisiones de gases de efecto invernadero se refiere. La debilidad que tiene es que, al no haber condiciones de elegibilidad de las actividades, ni procedimientos estandarizados para la medición de sus “líneas de base”, se hace bastante difícil prever si las NAMAs lograrán efectivamente una reducción de emisiones superior a la que se hubiera logrado sin ellas.

Por ejemplo: muchos países están implementado proyectos de energías renovables que pretenden sustituir parques de generación de electricidad basados en combustibles fósiles. Algunos de ellos incluso tienen metas sectoriales de penetración de renovables ya definidas, alentados por razones de mercado o disponibilidad de recursos naturales aprovechables. ¿Cómo definir “objetivamente” si una NAMA, inserta en este contexto, mejora el escenario de base?

Mirado desde una perspectiva nacional dar respuesta a esta pregunta carece de relevancia. De una u otra manera el proyecto o programa vale la pena, reducirá emisiones y el aporte financiero es bienvenido.

Pero mirado desde una perspectiva climática, la repuesta tiene otra trascendencia. Según los datos aportados por el último informe del IPCC del año 2007, es necesario que los países desarrollados reduzcan entre un 25% y un 40% sus emisiones para el año 2020 (comparadas con las que tuvieron en 1990) a la vez que los países en desarrollo reducen la trayectoria esperada de sus emisiones para el 2020 entre un 15% y un 30%.

Se puede discutir –y se discute- si este reparto de la carga es el más justo o no. Pero en el contexto de los acuerdos alcanzados en el marco de la CMNUCC es evidente que la existencia del mecanismo NAMAs tiene como fin principal ayudar a los países en desarrollo a lograr esa necesaria y complementaria reducción de sus emisiones. Consecuentemente, se hace imprescindible que haya una certeza absoluta acerca de la línea de base (es decir la proyección de las emisiones esperadas sin NAMAs) para poder asegurar que este paquete de medidas aplicado a nivel global logrará recortar en un 15% – 30% las emisiones totales de los países en desarrollo. De lo contrario puede suceder que nos hagamos trampas al solitario y se estén aplicando fondos a acciones que de cualquier manera los países iban a tomar y que no se logre ninguna reducción adicional de emisiones.

Mirando hacia el futuro

El futuro de las NAMAs depende de la provisión de fondos y los países desarrollados se han demostrado bastante remisos para ello. Además es necesario que entre completamente en funcionamiento el Fondo Verde del Clima que aún está en proceso de estructuración. Para América Latina puede transformarse en una nueva ventana de captación de fondos, pero es muy difícil prever cantidades o destinos hasta que no se conozca un poco más hacia donde quieren dirigir sus inversiones los países “donantes”.

Desde el punto de vista estrictamente climático, el resultado dependerá en buena medida de la capacidad que tengan los esquemas de Medición, Reporte y Verificación para asegurar los volúmenes de reducción y limitar las debilidades de la definición de la “línea de base”. A juzgar por los resultados del MDL –el único antecedente con el que podemos comparar este nuevo instrumento- esto no va a ser fácil y es probable que las reducciones reales sean menores que las que se contabilicen.

Entretanto los países latinoamericanos deberían focalizarse en sus propias acciones de mitigación, independientemente de la provisión de fondos externos, en tanto estas conllevan generalmente, mejoras ambientales más allá de las climáticas. Piénsese por ejemplo en la reducción de gases contaminantes locales asociados al CO2 en la combustión fósil o los beneficios de la reducción del uso de fertilizantes químicos en la agricultura.

Pero la mayoría de los países de la región están más preocupados por el crecimiento económico y la explotación de los recursos naturales que por los beneficios ambientales de su conservación. De manera que pocas esperanzas pueden albergarse respecto de acciones de mitigación voluntarias.

El MDL ha sido, desde sus orígenes, fuente de todo tipo de especulaciones y debates.  Desde los más optimistas que veían en él una forma efectiva de reducir gases de efecto invernadero y de transferir recursos económicos y tecnológicos a los países en desarrollo, a los más críticos que sostenían que no se iba a producir ni lo uno ni lo otro.  La mayoría de los análisis de evaluación del mecanismo, una vez cerrado el primer período de compromiso 2008 – 2012, le ha dado la razón a los más críticos.

Sus defensores aducen que el fracaso del MDL se debe a los altos costos demandados por un sistema extremadamente complejo y burocratizado.  Sus detractores afirman que es imprescindible un sistema así para intentar evitar las enormes posibilidades de fraude (en un mecanismo en el que tanto al comprador, como al vendedor y al fiscalizador, les conviene sobrestimar reducciones) y de error (dadas las incertidumbres científicas y técnicas que envuelven los proyectos).

Pero más allá del análisis de sus logros o carencias, los resultados de la última reunión de la Conferencia de las Partes le han puesto un punto final al Mecanismo de Desarrollo Limpio, al menos en América Latina.

La enmienda de Doha (2012) al Protocolo de Kioto ha establecido un Segundo Período de Compromiso que cubrirá el lapso 2013-2020 durante el cual los países firmantes se comprometen a reducir en un 18% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las que tuvieron en el año 1990.  Pero esta enmienda no ha contado con la firma de cinco países claves: Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Nueva Zelandia.

Esto deja prácticamente sola a la Unión Europea en el esfuerzo convenido internacionalmente de reducir emisiones y la convierte en la única potencial compradora de créditos de reducción de emisiones en cualquiera de sus formas.  El MDL es el único medio que tienen los países en desarrollo de participar del mercado de carbono.  Consecuentemente los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) que puedan obtenerse a partir de este mecanismo tendrán como su potencial y exclusivo comprador a la Unión Europea.

Pero la Unión Europea ha decidido que para este segundo período de compromiso solo aceptará CERs que provengan de los Países Menos Desarrollados, una lista de 49 países de África y Asia, entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano.  Por lo tanto, los proyectos de MDL provenientes de América Latina que no hayan alcanzado a ser registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL antes del 31 de diciembre de 2012 no podrán vender sus certificados dentro del sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

Al final de 2012 había unos 6.000 proyectos registrados ante la Junta que generaron hasta el 2012 un total de CERs por aproximadamente 2 mil millones de toneladas de CO2.  A su vez se espera que esos proyectos generen CERs por más de 6 mil millones de toneladas de CO2 hacia el 2020.  A estos habría que sumarles todos los proyectos que están en las etapas previas esperando a ser registrados.

Esto ya supera largamente las expectativas de demanda esperada de créditos de carbono en el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea para el período 2013-2020, lo cual deja muy poco margen para la colocación de los certificados del Mecanismo de Desarrollo Limpio, aún para aquellos países menos desarrollados que podrán ser los únicos ofertantes en ese mercado.

Por otra parte, los precios de los certificados de carbono en la actualidad no son para nada alentadores.  La sobreoferta de créditos de carbono, sumada a las incertidumbres sembradas por unas negociaciones lentas y controversiales en la Convención de Cambio Climático, hicieron caer los precios de los certificados de reducción de un precio que llegó a estar por encima de los 30 euros a un mínimo de 2,8 euros a comienzos de este año.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio ha muerto y con él ha fenecido el mercado de carbono para los países latinoamericanos.  No obstante la Convención está analizando nuevos mecanismos de mercado que, se espera, estarán definidos para el año 2015 y entrarán en vigor a partir de 2020. Veremos.  Por ahora, Latinoamérica puede ir guardando  sus sueños de certificados de carbono en el cajón.

Este articulo fue publicado originalmente aquí.

En Colombia, el cambio climático no se ha entendido como un asunto que tiene que ver con el desarrollo económico y social del país ni se ha integrado en los procesos de planificación territorial o en los proyectos de inversión de los sectores productivos. A consecuencia de lo anterior, el país, es muy vulnerable y con una baja capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos, erosionada constantemente por la sucesión de eventos relacionados con desastres, sufre cuantiosas pérdidas económicas y de competitividad.

En medio de eventos catastróficos como los que se vivieron entre el segundo semestre de 2010 y el primero de 2011, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó al país su Plan nacional de desarrollo, 2010-2014: Prosperidad para todos, que se plantea tres grandes retos: disminuir el desempleo, eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos del cambio climático.

Para afrontarlos se formula una estrategia de crecimiento sostenible y competitivo alrededor de líneas básicas de crecimiento: los sectores minero-energético, agropecuario y de vivienda y desarrollo urbano, concebidos como una oportunidad, dadas las proyecciones promisorias de producción y comercialización de petróleo y carbón para los próximos años, el alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de explotación agropecuaria en el territorio nacional, todo lo cual muestra claramente el papel crucial que tendrán estos sectores en la economía colombiana en los próximos años.

En este contexto y para analizar y debatir acerca del acuciante problema de las medidas necesarias a corto y largo plazo para que el país se prepare y responda a los efectos del cambio climático, la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (Fescol) y el Foro Nacional Ambiental, adelantaron un proyecto con varios expertos, durante el cual se realizó el seminario Adaptación al cambio climático y las locomotoras de desarrollo.

El proyecto tenía como objetivos analizar el marco normativo, económico y jurídico para la adaptación al cambio climático y su relación con algunos de los sectores productivos prioritarios de la economía colombiana, tratándose los sectores minero-energético, agropecuario y de desarrollo urbano; evaluar el riesgo climático sectorial, ecosistémico y poblacional e identificar las medidas de adaptación apropiadas para el país.

Este libro es el resultado final de ese proyecto y del seminario, y en él se trata de responder interrogantes clave planteados frente al modelo de desarrollo propuesto por el gobierno nacional: ¿en qué medida la vulnerabilidad al cambio climático aumenta con las locomotoras? ¿Cómo afecta este la eficiencia económica de aquellas?

Los editores consideramos que el país debe adoptar medidas inmediatas a corto y largo plazo, para revertir en lo posible, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático, así como fortalecer la institucionalidad ambiental relacionada con los aspectos tratados, para disminuir las tensiones en el manejo del territorio, de los recursos y de las relaciones con la población frente a lo que el gobierno ha llamado las locomotoras de desarrollo económico.

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Este artículo fue publicado originalmente en la página del Foro Nacional Ambiental.

Ante las inundaciones acaecidas en la ciudad y provincia de Buenos Aires el pasado 2 y 3 de abril que causaran más de medio centenar de muertos y miles de evacuados y damnificados, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) desea expresar lo siguiente:

- En primer lugar, manifestar nuestro más profundo pesar por la pérdida de tantas vidas humanas y el estado de necesidad que atraviesan hoy muchos conciudadanos ante daños evitables como los causados por el temporal de días atrás. Resulta conmovedor el espíritu de solidaridad de la sociedad argentina, respondiendo oportuna, ajustada y masivamente.

- Urge iniciar un proceso nacional y participativo de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT), instrumento estratégico clave para abordar problemáticas socio-ambientales y que se encuentra consagrado en la legislación vigente. Existe una relación estrecha entre el OAT y la definición de un modelo de desarrollo para la comunidad, ya que es de gran importancia definir el horizonte de desarrollo al que aquélla aspira, para dar luego lugar a un proceso de planificación de usos del territorio y de desarrollo de actividades. La participación ciudadana tiene un lugar preponderante en estas decisiones.

El déficit en la planificación estratégica del territorio se pone de manifiesto ante eventos como las trágicas inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata. Considerando que estos grandes conglomerados urbanos resultan ser zonas inundables, es necesario poner fin a las urbanizaciones ejecutadas de manera irresponsable, sin previsión de los impactos ambientales -incluyendo los acumulativos- visión estratégica ni consideración alguna de las características naturales del territorio.

- En un escenario de cambio climático global y considerando que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, es necesario contar con políticas de adaptación que permitan actuar de manera coordinada y oportuna ante la contingencia. Eventos como las fuertes y localizadas tormentas de inicios de abril se profundizarán y serán más habituales con el paso del tiempo. En esa línea, se requiere de un accionar conjunto y armonioso de las diversas jurisdicciones, liderado por la Nación dado su innegable rol en el diseño y ejecución de políticas socio-ambientales macro.

Adicionalmente, es fundamental contar con un servicio meteorológico nacional que disponga de la última tecnología para brindar alertas tempranas a fin de permitir a los cuerpos profesionales de manejo de catástrofes -locales y nacionales- proceder a la evacuación ordenada y oportuna de la población presente en el área foco, entre otras medidas, ante los desafíos que imponen tal clase de eventos.

- Finalmente, la ciudadanía puede contribuir proactivamente a las necesarias iniciativas integrales de adaptación a los impactos del cambio climático no solo peticionando por las vías disponibles el pronto accionar de las autoridades competentes sino también efectuando un proceso de reflexión interno dirigido a adoptar prácticas más sustentables en su vida diaria. En ese sentido, pequeñas acciones tales como disminuir la cantidad de residuos que se generan y disponer responsablemente de ellos, efectuar un consumo responsable de energía, bienes y servicios, entre otras, constituirían un aporte sustancial a la necesaria reducción del estado de vulnerabilidad reinante.

Este artículo fue publicado originalmente aquí.